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La seguridad ciudadana, el desempleo y el alto costo de la vida figuran, de manera consistente, en todas las encuestas como los problemas que más preocupan a los dominicanos.
Con casi 15 homicidios por cada cien mil habitantes, más de 180 mil robos y asaltos registrados por la Procuraduría General de la República, un millón de desempleados y la inflación bordeando los dos dígitos en lo que va del actual gobierno de Luis Abinader, las estadísticas parecen confirmar lo que reflejan las mediciones. Sin embargo, si profundizamos en los números e interpretamos mejor el contexto constatamos que Haití está en la raíz de nuestros problemas y representa la mayor amenaza.
Un abordaje superficial del tema conduciría al lector a pensar que mi hipótesis se fundamenta en los dos millones de haitianos indocumentados residentes aquí y que, consecuentemente, acudo al lugar común de resaltar el peso que tiene la mano de obra haitiana en sectores estratégicos como la construcción, la agricultura y, en menor medida, el turismo.
Tampoco me refiero a las parturientas haitianas que ocupan el 29% de las camas en las maternidades, consumen el 15% de nuestro presupuesto en salud y superan a las madres dominicanas en la frontera. Aunque este no es un problema menor, al poner en riesgo la noción de dominicanidad en el mediano plazo, tenemos herramientas eficaces para abordarlo, verbigracia el establecimiento del Jus Sanguinis de doble vía para adquirir la nacionalidad.
¿De qué hablo entonces cuando digo que Haití está en la raíz de todos los males de la República Dominicana?
Pongo la mira en un dato cuyas consecuencias podrían ser escalofriantes: en nuestro territorio viven unos 400 mil haitianos sin documentos de identidad emitidos por su país de origen, es decir, sin acta de nacimiento, ni pasaporte, lo cual los hace parias de su propio Estado, gente que no existe civil, ni legalmente constituyéndose en un potencial activo del crimen organizado.
Dado que en Haití gobiernan las bandas criminales dedicadas al narco, al tráfico de armas y a la industria del secuestro ¿que podría impedirles la instauración de su régimen de criminalidad en este lado de la isla si tienen a su disposición una potencial reserva de cientos de miles de sus compatriotas sin identidad que viven aquí?
Si el crimen de factura haitiana desborda la frontera y se establece aquí, además de afectar nuestra relativa paz social, espantarán el turismo y las posibilidades de progreso y bienestar de que ha hecho gala la República Dominicana durante los últimos tres lustros.
Esta delicada cuestión, debe llamar la atencion de todos, en especial del gobierno que tiene la sagrada tarea de buscar, promover y proponer soluciones audaces al tema haitiano para que el país no termine arrastrado al mismo agujero negro que se traga a nuestro vecino.
Tal como exprese en un artículo anterior lo cual reproduzco a continuación:
«Necesitamos un plan de contingencia con una visión holística sobre Haití, que incluya todas las aristas e impactos que tendría en República Dominicana la inminente agudización de su crisis.
El presidente perdió el escenario de la ONU, en septiembre pasado, para doblar su apuesta por la intervención de la comunidad internacional y proponer en ese contexto, el establecimiento de un Protectorado a 30 años en Haití, fundamentado en el Capítulo XI de su Carta».
Como ya habíamos advertido en un artículo anterior sobre este tema: «En el marco de nuestra política exterior con respecto a Haití debemos pasar del clamor pasivo a la comunidad internacional para que asuma un rol activo en la solución de la crisis, a buscar la integración un bloque regional con Brasil, Chile, Honduras, Costa Rica y México, países receptores de la masiva migración haitiana, y junto a ellos elaborar un ambicioso plan de acción con proyectos muy concretos para sacarlos de la miseria y el atraso dentro de su propio territorio.República Dominicana debe impulsar en la región y en toda la comunidad internacional un nuevo Plan Marshall para motorizar un ciclo de crecimiento y expansión económica en Haití, ese plan debe financiarse con los aportes de Estados Unidos, Francia, Canadá, el bloque regional de países destinatarios de su migración y su propia diáspora mediante el establecimiento de una tasa a sus remesas».
Algo tan evidente como esto, el gobierno dominicano parece ignorarlo o, peor aun, no tiene capacidad, ni sagacidad política suficiente para asumir la responsabilidad política de liderar con inteligencia el impulso en el ámbito geopolítico de un ambicioso plan de reconstrucción en Haiti. Ese es el único camino posible para que la crisis de nuestro vecino no termine por engullir la valiosa estabilidad de la cual goza la Republica Dominicana y, más allá, el propio hemisferio occidental.
La civilización es el esfuerzo humano por atenuar sus instintos para convivir en paz y armonía. Agobiados por la miseria y el crimen, hace tiempo que los haitianos son gobernados por una clase dirigente cuyas decisiones responden a sus más salvajes y bajos instintos; eso pone en peligro a nuestra parte de la isla que, a pesar de los pesares, aún puede decir que tiene una convivencia civilizada.
Inicié estas líneas con la impresión de que el gobierno no comprende la amenaza haitiana, pero mientras escribo me asalta una duda que me pone los pelos de punta: ¿será que el presidente Luis Abinader, desbordado totalmente por la situación, en realidad no sabe qué hacer con respecto a Haití?
Que Dios, dondequiera que esté, nos ampare.
