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La ciudadanía, aunque no se perciba en su justa dimensión, es cada vez más exigente. Aunque no en esa misma proporción, los partidos se ven forzados a someterse a un escrutinio riguroso que en aquellas demarcaciones donde se registra un mayor porcentaje del «elector consciente» –el que va a votar porque aspira a un representante que garantice el desarrollo de la sociedad, del país– puede obrar en su contra sino actúa en sintonía con el deseo aspiracional de esa población.
La participación desmedida de actores extra partidos, que se registra en alta en los últimos procesos electorales, posibilitó la incursión de «políticos» moralmente insolventes, económicamente con posibilidades infinitas para comprar el derecho a una candidatura a través de la cual pueden blindar su seguridad judicial. Pasó antes, pasa ahora y pasa en casi todos los partidos, sin miedo a la generalización. En esta media isla donde todos nos conocemos, pudiéramos asegurar que en el litoral de las organizaciones políticas se conoce la procedencia de las riquezas de nuevos y viejos en la ciudadanía de acaudalados.
No hay que ir a China para investigar el patrimonio de un aspirante a una posición municipal, congresual y hasta presidencial. Quizás por ello, con toda razón, generó un avispero justificado que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sometiera la lista de sus precandidatos a organismos extranjeros para su depuración. Los requisitos para optar por una candidatura están contenidos en las leyes que regulan las elecciones, los cuales no dejan espacio para la interpretación. Si bien es cierto que cada partido maneja a discreción la forma en que lleva a cabo los procesos para estructurar sus boletas, también establece un mal precedente cuando obvia la frontera de la legalidad que sustenta la soberanía de una nación.
Impulsado por la presión de la ciudadanía, podríamos considerar que en el PRM se actuó de buena fe, con el aspiracional de cerrar la brecha o la posibilidad que entre sus precandidatos se cuelen personas con un pasado gris, un pasado económico y moral que pudiera entrar en conflicto en procesos judiciales futuros. Que a través de esa depuración a cargo, por ejemplo, de la Embajada de los Estados Unidos en el país, se logre una selección de candidaturas probadas, que se manifestaría en un mejor accionar a favor de los intereses de la nación.
¿Y si el Norte fuera el Sur? Indudablemente, que la decisión de la Comisión Nacional Electoral Interna, para no asumir que esto tuviera que ver con otras estructuras orgánicas del PRM, sentó un precedente negativo que lacera el clima soberano que debe reinar en República Dominicana. Esa misma presión ciudadana que pesa sobre el estamento político se manifestó en contrapeso a esa decisión, cuestionada también porque la lista de las precandidaturas del partido de Gobierno también fuera sometida al escrutinio de una organización sin fines de lucro, una en particular, entre tantísimas otras que accionan sobre todo en el ámbito electoral.
Deligne Ascención, presidente de la Comisión Nacional Electoral, admitió que ciertamente esas listas fueron sometidas para su revisión a esos referidos organismos. Garantizó que, si se determina que la CNEI del PRM se equivocó, no tendrían problema alguno en reconocerlo y reconsiderar su decisión. Pero la reacción que poco después vino del presidente del partido, José Ignacio Paliza y de otros dirigentes de alto perfil, indican que el partido seguirá defendiendo una acción que, indudablemente, pone en tela de juicio qué tan robusta es la soberanía de la nación que sí necesita de controles inquebrantables para evitar al outsider de patrimonio dudoso, pero salvaguardando nuestra integridad como país.
