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La Junta Central Electoral es ese organismo del que dependen las elecciones cada cuatro años en el país. Es esa institución que reparte alegremente a mansalva millones de pesos del erario de todos a los distintos partidos políticos grandes y pequeños cada año, con el supuesto objetivo de no «aceptar dinero de procedencia oscura ni privadas», pero siempre todos lo hacen y aceptan.
No importa la procedencia del dinero, aquellos grupos de hombres y mujeres que forman esos negocios llamados «partidos», se reparten esas fortunas del Estado más todas las prebendas colaterales. Gritan y patalean como niños pequeños si las partidas no se les entrega completas, como sucedió por motivo de la pandemia hace unos años.
Desconocimiento total por parte de la ciudadanía de cómo se administra, fiscaliza y reparte ese dinero. Es decir, dinero del Estado por mandato de la Ley Electoral No. 275-97 del 21 de diciembre 1997 y referido a su artículo 48. También consignado en el artículo 49 de Presupuesto General de la nación y Ley de Gastos Públicos. Se calculan los por cientos para cada partido en año no electoral y todo cambia en años electorales.
Como dijo un amigo: «La JCE no les da dinero a los partidos, se los da el Estado y por mandato de una Ley. La Junta sólo hace el cálculo, confecciona cheques y entrega»… Millones de pesos regalados con el pretexto de «aras de fortalecer la democracia y no aceptar otras prebendas». Inyectan ingestas cantidades de dinero en los bolsillos de aquéllos que manejan esos partidos políticos.
Imagínese usted, solo el Partido Reformista Social Cristiano, bisagra y acomodados por antonomasia, un partido que ya no sirve para nada, salvo para cobrar, solo en el pasado período de cuatro años, esa agrupación recibió 18 millones de pesos, lo que multiplicado por 12 meses nos daría la cantidad exorbitante de 216 millones, que por 3 años sumarían 648 millones, esto porque la cifra es fija en años no electorales. Cito este extracto solo para que usted entienda el escándalo que significa esto, dinero que pudiera utilizarse en urgencias que tiene el país. Pues hágase una idea de doble de estos montos cuando se habla de partidos grandes. Una locura el reparto del erario a estos «defensores» de la democracia dominicana.
Esos partidos que hoy son agencias de empleo, base para recaudar millones de pesos y nombramientos a veces inoperantes cuando alcanzan el poder, se ven alimentados por unos fondos públicos que el raciocinio colectivo del pueblo no termina de comprender. Hace unos años un funcionario de la JCE, tuvo la desfachatez de considerar esas ingentes cantidades de millones de pesos como una «bagatela». En un país pobre como el nuestro con tantas necesidades perentorias regalar millones de pesos para financiar o mejor dicho lucrar los bolsillos de estos políticos es una falta de respeto a esta sociedad. ¡Un robo público!
En ese sentido, como somos una sociedad anquilosada, aunque en ciertas cosas nos hemos despertado un poco, estos escándalos suceden y todos callan. Nadie pide explicación ni rendición de cuentas. Donaciones, regalos millonarios que son una vergüenza nacional que bien podría servir para paliar reales necesidades. Por eso pregunto, ¿Cuándo se hará o reforma esa ley dentro de la Ley Electoral o de Partidos para que esta locura se haga menos escandalosa? ¿Cuándo los que se jactan de serios, ejecutaran ese papel? ¿Se clavarán el cuchillo ellos mismos? ¿Podría haber un tope mínimo de dinero que se entregue?
Por supuesto, tampoco la Junta Central Electoral le piden explicaciones en gastos y ejecuciones a los partidos. Solo reaccionan a pocas cosas como ahora con el activismo político preelectoral. Ellos tratan de frenar el eterno activismo político, proselitismo de todos los partidos, pero no pueden. Son incapaces. No importan cuáles acuerdos se hayan firmado entre todos. Además, quién frena a esas bandas de oportunistas en un país sin descanso electoral y menos emocional.
