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Reformas y democracia participativa
El gobierno debe garantizar y promover el bienestar social, económico y la prestación de servicios eficientes a la ciudadanía. Este desempeña un papel de nexo entre el Estado y sus instituciones y la sociedad, cuyas acciones deben satisfacer siempre el interés colectivo de sus miembros.
En consecuencia, uno de los aspectos que debe abordarse es la educación ciudadana, elemento fundamental para alcanzar la participación comprometida y empoderada de la población en la construcción de ciudades organizadas, de manera que respondan a los desafíos que requiere la democracia participativa. Para ello, se debe llevar a cabo una revisión que posibilite la atención crítica, sin caer en un escepticismo excesivo ni en una idealización ingenua acerca de la democracia participativa.
Y aunque quienes conducen actualmente el Estado no viven exhibiendo los esfuerzos que hacen para motivar la participación del pueblo en la educación ciudadana como tal, es importante que los ciudadanos valoremos el papel que realizan algunos actores de la sociedad en la edificación de procesos políticos y sociales relacionados con fortalecer cada vez más la construcción del Estado como nación y la democracia participativa.
En este sentido, se evidencia la progresiva preocupación del presidente Luis Abinader en dar participación y exponerse ante los distintos sectores con sus proyectos de trabajo, a fin de que estos estén presentes en el debate para fortalecer la democracia e institucionalidad del país.
En su propuesta de reformas constitucionales y fiscales planteada, el mandatario se ocupa en definir los espacios, mecanismos de participación e implementación democrática que posibiliten y determinen el alcance de dichas modificaciones y que exista la mayor presencia representativa de sectores para la toma de decisiones políticas. Discusión que, como bien plantean sectores empresariales y religiosos —con lo que concuerda el presidente Abinader—, no se debe limitar únicamente al Gobierno, legisladores, partido del poder PRM, sino a la oposición política, la Iglesia Católica, las organizaciones sociales, la sociedad civil y otros sectores vulnerables.
Dichas preocupaciones, entiendo, deben girar en torno a las modalidades y, sobre todo, al alcance de la participación y esfuerzos por desarrollar alternativas desde el gobierno que den intervención a los distintos sectores de la vida nacional, movimientos sociales y políticos del sistema político representativo, en el ámbito nacional o local. Aunque nuestra historia en lo que tiene que ver con las reformas constitucionales y fiscales nos tiene un tanto escépticos como pueblo, porque los cambios constitucionales hechos siempre han sido para colocarse un “saco a la medida” del gobernante de turno.
Es importante precisar que el contexto político actual difiere del 2015, cuando un partido con su mayoría mecánica impuso una reforma constitucional para zanjar diferencias internas de su organización política. Aunque ahora el PRM tiene una mayoría importante, el presidente ha sido enfático en afirmar que la intención de las reformas no es para provecho propio; se le pondrá un “candado” a la Constitución y se contará con una economía saneada.
Hoy, con mayor distancia crítica, se puede evaluar el papel que está jugando la oposición política del país. Sus aportes son muy vagos, pero también las negativas puestas al gobierno para intentar obstaculizar las transformaciones que amerita la sociedad dominicana en materia económica, institucional, educativa, de justicia, seguridad ciudadana y social, entre otras, están ahí. En cada convocatoria hecha por el Gobierno en momentos en que requiere su concurso, la oposición muestra apatía, mientras aparenta en sus discursos políticos y en la práctica un consenso a favor de la democracia participativa.
La apuesta de los actores sociales y políticos al cambio constitucional debe ser a que se produzcan los verdaderos cambios que necesita el país. Es la consigna que debemos abrazar. En la participación en el debate sobre la reforma constitucional y fiscal, la oposición no debe restringirse únicamente al PRM, organización dominante en el Congreso Nacional.
El presidente Abinader y el mismo Partido Revolucionario Moderno no han dejado de reconocer el papel que juegan los distintos sectores y la oposición política en la construcción de la nación. El llamado a discutir los cambios constitucionales y fiscales es un espacio que fortalece la democracia participativa.
