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La reforma fiscal es una necesidad para que la economía recobre el ritmo de expansión y crecimiento experimentado en la década pasada. Aunque no existen condiciones objetivas ni subjetivas para aplicarla en este momento, es menester dedicar los próximos meses a discutir sus alcances de forma amplia, incluyente y ponderada.
Esa discusión debe contar con el concurso de todos los sectores: partidos, empresa y la ciudadanía organizada, con el gobierno asumiendo la responsabilidad social y política de construir el consenso posible y beneficioso para el país.
Aún antes de que la Covid 19 asomara, todos los actores de la vida partidaria y los agentes económicos de primera línea coincidian en que el diseño de una nueva estructura fiscal capaz de motorizar una economía cada vez más grande, diversa, conectada y, en consecuencia, mayor expuesta a shocks externos, era tarea clave para el gobierno resultante de las urnas en 2020.
Con el déficit fiscal de 7.4%, una contracción económica de 13% y la deuda pública consolidada en 70% tomando como referencia el PIB de 2019 a consecuencia de la pandemia, lograr un Pacto que articule un nuevo sistema tributario es imprescindible si se quiere evitar el colapso de las finanzas nacionales.
Ojo al Cristo que es de plata: la reforma derivada del Pacto Fiscal no puede caer en el simplismo de limitarse a un recorte cosmético del gasto público para justificar el aumento o la creación de nuevos impuestos, como por ejemplo: ampliar la base del ITBIS, subir el Selectivo al Consumo, gravar las compras por internet o la suscripción a servicios de streaming como Netflix o Spotify; eso sería echar gasolina al fuego latente del descontento social o acelerar la espiral inflacionaria iniciada en agosto de 2020.
La discusión del Pacto Fiscal debe cimentarse en un plan de reactivación económica que incluya, entre otras cosas, un paquete de grandes obras de infraestructura, inversión pública en producción agropecuaria con fines de abastecimiento del consumo local y de exportación, fortalecer los programas de ayuda social, además del compromiso para ralentizar la vorágine de endeudamiento en que se ha embarcado el actual gobierno escudándose en la crisis sanitaria, la ola inflacionaria global y la operación militar de Rusia sobre Ucrania.
Mientras el mundo se adentra en un nuevo ciclo de recesión y estancamiento económico y se encamina hacia la consolidación de los nuevos activos financieros digitales, nos corresponde trabajar en la configuración de una fiscalidad saludable y un gasto tributario sensato, orientados a financiar un plan de relanzamiento, revitalización y reimpulso de nuestra economía lo suficientemente ambicioso como para sentar las bases de un salto cuántico durante la próxima década.
El principal desafío para las arcas nacionales es la informalidad de la mayoría de los actores económicos dominicanos, por tanto, cualquier rediseño serio de la estructura impositiva debe contemplar mecanismos que haga atractivo para ellos formalizarse.
Otro aspecto importantísimo a tomar en cuenta para la necesaria reforma fiscal es la regulación tributaria de las plataformas digitales. Si se ve desde la óptica recaudadora, el camino fácil es gravarlas. Las autoridades, en su acostumbrada miopía, alegan que en otros países se empiezan a establecer tasas e impuestos para estos servicios, como una forma de consolar a la tonta ciudadanía local, con el mal de muchos extranjeros.
Sin embargo, la realidad es que Amazon, YouTube, Airbnb, entre otras plataformas, estan creando un nuevo sector económico que en la República Dominicana además de contribuir a la creación de empleos y riqueza también esta impactando poderosamente en otros importantes ámbitos.
Para muestra un botón: la evidente dinamizacion del sector de la construcción, a pesar de la astronómica alza de los materiales, se debe esencialmente al crecimiento exponencial que han tenido en RD plataformas como Airbnb. Hoy día, casi todos los grandes proyectos inmobiliarios que se desarrollan en territorio local están orientados a estimular el uso de Airbnb como modelo de negocios.
Gravar su utilización, como quiere el gobierno de Abinader en mancomunión con otros sectores, le daría un golpe de bolsón a la recuperación del turismo en RD.
Ahora que en muchos lugares se empieza a gravar estas plataformas ¿Por qué el gobierno dominicano no se plantea la posibilidad de convertir a RD en un paraíso fiscal para la nueva economía digital?
Me voy más lejos ¿por qué no nos planteamos el establecimiento de una nueva estructura para que seamos un paraíso fiscal como ya lo son los Delaware, Nevada, Montana, Wyoming o Dakota del Sur en Estados Unidos?
Esa es precisamente la discusión que pienso debemos tener en RD, sobretodo en este contexto de crisis global, para que construyamos una fiscalidad que nos lleve al próximo nivel como economía de Latinoamérica y podamos tener un sistema productivo menos dependiente del Estado y un mercado verdaderamente abierto, libre, justo.
