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Las teorías del consenso sostienen que la «verdad requiere un procedimiento previo o conocimiento de pautas, que podría llegar a ser acordado por algún grupo específico, siendo de especial relevancia el diálogo como aprendizaje de las condiciones de igualdad de habla».
El nivel de consentimiento que exhiben los grupos –autorizados– respecto a un proyecto para lograr el mayor acuerdo y participación es lo que se conoce como consenso social.
Es precisamente esa falta de consenso social y político que prima entre nuestra clase política, que le impide poner al país por encima de sus pretensiones particulares. Una muestra está contenida en las recomendaciones que da el Informe Económico para América Latina y el Caribe, del Banco Mundial, publicado recientemente, «Tecnologías digitales para la inclusión y el crecimiento», que no ha tenido mucha difusión en medios de comunicación, para ser precisa, sólo uno hizo referencia al aspecto relativo al envío de remesas y la baja calidad de los usos que se da a los servicios de internet en los hogares, obviando temas vitales como el manejo económico dado por las autoridades de los países, durante y después de la pandemia.
Hacer que piensen que temas como la calidad del servicio de internet o las remesas no son relevantes no es mi interés. En este aspecto el informe del Banco Mundial señala a República Dominicana como el tercer país que más ha recibido remesas, sólo México y Guatemala superan al país por ese concepto. Las mismas ascendieron a US$10,300 millones de dólares, que representaron el 9% del PIB del año 2022, algo muy importante para nuestra economía. Otro aspecto apreciable fue la inversión estatal para mantener a flote las familias durante la pandemia, eslabón que fue encabezado por tres países: Brasil, República Dominicana y Perú.
No obstante, desde nuestro punto de vista las cuestiones determinantes a debatir con relación al informe del Banco Mundial, tratan sobre el crecimiento del stock general de deuda pública y el promedio de déficit fiscal (2.7%) para América Latina y el Caribe. Ambos puntos originados al gasto público asociado a la pandemia, bajo crecimiento económico, baja capacidad de recaudación, pago intereses de la deuda, inflación y a las tendencias en la economía global, trastornos en las cadenas de suministro mundiales y las fuertes políticas monetarias expansivas implementadas.
Al final del informe nos dan la clave para superar los trances económicos vividos en la región, no obstante, esa clave luce una misión imposible ya que depende del consenso social, para crear las reformas necesarias para estimular el crecimiento. Hoy impera una Babel moderna que limita los consensos, aunque los mismos sean asuntos de nación o de utilidad para el bien común.
Para entender la dificultad de consenso en este país, hay que tener presente que para los políticos las medidas son buenas o malas, dependiendo si están en el poder o la oposición. Un ejemplo lo constituye las posiciones asumidas por los partidos, respecto al canal ilegal construido por Haití en el río Masacre o Dajabón, que eventualmente afectaría recursos ambientales de este lado de la isla. También, las visiones que surgen cuando se plantea la aprobación de una reforma fiscal integral, los primeros en oponerse estuvieron –precisamente– a favor de una reformas tributaria cuando administraban el Estado, o proponer eliminación o reducción de impuestos puntuales. Ahí no hay ni habrá consenso.
En el campo de los políticos es muy difícil lograr hacer consenso entre los distintos actores sociales e intereses que conforman la sociedad, los disidentes abrazan posturas contrarias a la conveniencia de la mayoría, nuestra clase política ve las acciones desarrolladas por quién dirige la nación buscando el bien común, única –y lamentablemente– como una decisión favorable al buen posicionamiento público de quien gobierne.
Esta clase debe comprender que para el desarrollo del país es obligatorio el consenso social y político entre actores del sistema político, unificando criterios, prioridades y el compromiso de quienes administran el Estado, para que el ciudadano entienda que indistintamente de colores partidarios, la política llevada a cabo necesita para un bienestar común mayor la concertación. Reconciliando las erosionadas instituciones se rescatará el crecimiento económico, político y social alcanzado por el pueblo dominicano.
