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Los jueces de la Junta Central Electoral actual, encabezados por su presidente el magistrado Ramón Andrés Jáquez Liranzo, se han empeñado en hacer todo lo posible para que el próximo torneo electoral culmine sin los traumas que parecen ser parte de nuestra cultura política.
En su afán de hacer las cosas correctamente no solo han trabajado en poner la casa en orden tras la crisis que provocó la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020, sino que han encaminado importantes esfuerzos en que la campaña electoral no inicie antes de tiempo, es decir, antes del tiempo que establece la ley.
Sin embargo, en un país como el nuestro en donde el proselitismo no toma vacaciones, la tarea ha sido ardua. Después de varios llamados ante la creciente actividad política con características de campaña electoral, el Pleno dela JCE propuso la firma de un compromiso entre los partidos y agrupaciones reconocidos, en el que se comprometen a velar «por la integridad electoral de cara a garantizar un proceso electoral íntegro, justo y transparente en las elecciones de 2024».
En democracia, toda convención, todo acuerdo y compromiso es motivo para celebrar, pues siempre es mejor el diálogo que el enfrentamiento, y la prevención que la corrección.
Sin embargo, al estampar sus firmas los representantes de los partidos para sellar el compromiso, surgen algunas preguntas. La primera es ¿por qué es necesario firmar un compromiso si la ley establece con claridad los plazos, incluidos los de escogencia de candidatos y el inicio de la campaña electoral?
¿Por qué si esa ley vigente, aprobada por casi todos los principales partidos allí reconocidos, establece las sanciones a quienes la violenten, sin establecer distinciones, es necesario que el órgano rector deba promover un acuerdo, como si se tratara de una acción que intenta cubrir alguna falencia en el ordenamiento jurídico electoral nuestro?
Lo que cualquier ciudadano desearía, como mensaje de respeto a las leyes, es que si un partido violenta la ley, reciba la sanción que manda esa misma ley, es decir, régimen de consecuencias.
Y no es criticar la iniciativa de la Junta Central Electoral, que reitero, está comprometida con llevar a cabo un torneo electoral libre de tropiezos y traumas, como los que ya es costumbre en cada proceso. Lo que llama la atención es la displicencia con que los partidos violan las normas, con la certeza de que no habrá consecuencias.
Y el respeto a las normas y en el régimen de consecuencias es donde precisamente tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo, porque mientras haya que buscar un bajadero para adecuar lo que dice la ley, siempre habrá quien esté tentado a violentarla.
Los partidos debían ser los primeros en cumplir con la transparencia, en el respeto a los plazos, el cumplimiento de toda disposición, como una forma de contribuir con el ejemplo al cambio de la cultura de la violación a las leyes y la figura de la impunidad, que son el principal escollo, flagelo que impide dar los saltos cualitativos que requiere nuestra sociedad en su trayecto hacia el desarrollo.
Ojalá que la firma del compromiso que ha promovido al Junta Central Electoral sirva para provocar la reflexión en la dirigencia política y evitar que en los siguientes meses nos veamos inmersos en una campaña a destiempo, con los trastornos que ello acarrea a la cotidianidad del país.
Pero la mayor esperanza es que, luego de esta firma, pasemos al régimen de consecuencias, a aplicar las sanciones que establece la ley contra quien la viola. ¡Ahí sí empezaremos a cambiar esta cultura política!
