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Los discursos políticos están claramente enfrentados respecto a la aprobación de determinados articulados en el proyecto del nuevo Código Penal. La alarma la han dado las organizaciones, movimientos y coaliciones que, a través de su filosofía, gestionan con una visión transversal de defensoría de derechos humanos. Sin embargo, el cabildeo de los sectores más conservadores, a los que algunos llaman de “ultraderecha”, es evidente y no esconden a sus representantes rondando los pasillos próximos a los hemiciclos del Congreso Nacional.
Es un momento interesante para la evolución de la institucionalidad en la República Dominicana, ya que enfrenta en el debate a la polarización de los sectores. Por un lado, están los que gestionan y defienden que se incluyan artículos más conservadores, algunos que sustituyen garantías consagradas constitucionalmente, y, por otro lado, los que realizan sus tareas para que los legisladores puedan realizar una modificación más garantista de los derechos de las personas.
Se constituye un escenario que fuerza al debate y la confrontación de ideas. Sin embargo, la forma en que los legisladores introdujeron muchos de los cambios no tenía la intención de propiciar el espacio para escuchar a la ciudadanía: las vistas públicas se realizaron “a posteriori” de las aprobaciones en el Senado y de la primera lectura en la Cámara de Diputados. Evidentemente, los propulsores de los planteamientos que los más liberales denominan como parte de un “Código abusador” no tenían la intención de que sus propuestas fueran sometidas al cuestionamiento de la sociedad.
A pesar de que el Senado dominicano lo aprobó en primera lectura y lo pasó a la Cámara de Diputados con la motivación de que hiciera lo propio, muchas instituciones de la sociedad civil, algunas empresariales y otras gubernamentales, se oponen a esa versión de la pieza legislativa.
Por este motivo, se produce el enfrentamiento de ideas en el Congreso, que debió ser previo al sometimiento del proyecto del nuevo Código Penal, para poder enriquecer la propuesta con los consensos de la sociedad. Al hacerlo al revés, la Cámara de Diputados creó una Comisión Especial para liderar las Vistas Públicas, procedimiento que originó una extensa jornada de ocho horas, durante la cual se expresaron más de 300 participantes.
La expresión de organizaciones sociales
La coalición, expresada en un comunicado de más de 70 organizaciones, responsabiliza al presidente Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno de la aprobación de la propuesta del Código Penal, entendiendo que sus planteamientos representan un retroceso político y social.
Como parte de las exigencias que expresó a través de su comunicado, esta articulación de instituciones responsabiliza al mandatario de la legitimación constitucional que pudiera alcanzar el documento, porque el partido que lidera representa la mayoría de los escaños legislativos, con lo cual no tendría la necesidad de gestionar un consenso ni con los partidos de oposición ni con la sociedad civil. Esto impacta negativamente la forma de gobernanza ejercida en el país.
Uno de los mensajes primordiales que expone el mecanismo de expresión es que hay planteamientos en el Código propuesto que están orientados a mutilar “los anhelos de la ciudadanía de avanzar hacia el fin de la impunidad, de una mejor protección de la niñez y de erradicar las violencias hacia las mujeres”.
En el detalle de los lineamientos negativos introducidos, se subraya que están los relacionados con los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Se argumenta que “el nuevo Código Penal es, además, un Código contra la familia: desprotege a la niñez, al fallar en castigar de manera efectiva las agresiones a niños y niñas con fines correctivos; desprotege a las mujeres, favoreciendo a violadores al tipificar de manera distinta la violencia sexual si la ejerce la pareja; desprotege a toda la familia, excluyendo a las tres causales, sin las cuales la vida y salud de las mujeres corre peligro”.
Como parte de las organizaciones convocantes del encuentro se citan Foro Ciudadano y el Foro Feminista Magaly Pineda, Participación Ciudadana, el Instituto de Género de la UASD (IGEF-UASD), la Coordinadora Nacional Popular, las coaliciones Cambiemos, Por la Vida y los Derechos de las Mujeres; la Articulación Nacional Campesina, CONAMUCA, CIPAF, Participación Ciudadana, Educación Espejo, Diversidad Dominicana, entre otras.
Partidos cuestionan propuesta del nuevo Código
Algunos de los temas bandera que son enarbolados por el Partido Opción Democrática están en peligro de ser validados con la iniciativa de este Código Penal, motivo por el que anunciaron su respaldo a las manifestaciones de protesta realizadas por las entidades no gubernamentales.
La entidad partidaria es parte de una coalición que consensuó un plan de presión y articulación territorial. Esto se sumó a la exposición de la exlegisladora Minou Tavárez Mirabal, quien habló ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, exponiendo los aspectos fundamentales con los cuales la organización no está de acuerdo o a los cuales precisa sustituciones. Su defensoría fue de las más destacadas y contundentes.
Impunidad en el Código
La postura política de Opción Democrática es que la proposición representa un retroceso en materia de derechos humanos, considerando que la propuesta “da un manto de impunidad a la corrupción, al limitar a 20 años la persecución de la misma, además de abrir espacio a la discriminación, vulnerando los derechos de la niñez y de las mujeres en temas como la salud reproductiva”.
Pie de foto:
Activistas de diversas organizaciones protestan por nuevos artículos en el Código Penal.
Las entidades defensoras de derechos responsabilizan al presidente de la aprobación de la pieza legislativa.
Benita Cordero, de CONAMUCA, conmueve con discurso estremecedor.
