Ley de Mecenazgo Cultural: El derrumbe de una esperanza

El mecenazgo representa, aún hoy día, un término algo extraño en nuestra sociedad. Su origen se remonta a la figura de Cayo Mecenas, quien hizo vida pública durante la segunda mitad del siglo I a.n.e. Fue un noble romano proveniente de una antigua dinastía etrusca, miembro de la Orden de los Caballeros e influyente consejero político del Emperador César Augusto. Se convirtió en el más importante protector y promotor de las artes y los escritores de su época, como Quinto Horacio Flaco y Publio Virgilio Marón; tal fue el impacto y dimensión de su obra que su apellido fue asumido históricamente para identificar a toda persona altruista que contribuyera, económica y desinteresadamente, al desarrollo artístico, cultural y/o científico, a nivel nacional o internacional.

Así, la simbología y significado del mecenazgo cultural fueron evolucionando desde los últimos siglos de la antigüedad, redimensionándose durante el Renacimiento, a través del replanteamiento del humanismo y la cultura clásica grecolatina, hasta llegar a la modalidad actual, donde el desarrollo del arte y la cultura se articula a la responsabilidad social, a la modernización del sistema nacional de cultura y a las industrias culturales y creativas o economía naranja, como parte de una estrategia de Estado.

En República Dominicana tenemos una larga lista de personas, instituciones y empresas que han asumido un cierto rol de mecenas; sin embargo, es en el año 2011 cuando surge, por primera vez, la idea de elaborar un proyecto de ley de Mecenazgo Cultural; el cual fue presentado oficialmente en 2012, impulsado por el cantautor y entonces diputado Manuel Jiménez, quien en ese momento fungía como presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, contando con la asesoría y elaboración técnica del sociólogo y artista plástico Carlos Santos, quien jugó un papel fundamental durante ese proceso, antes de pasar a ser viceministro de Desarrollo Institucional en el Ministerio de Cultura.

A partir de ese momento, se iniciaría un camino tortuoso de vistas públicas, debates, reflexiones y objeciones, marcado por un ir y venir del proyecto entre la Cámara de Diputados y el Senado, perimiendo en tres ocasiones, hasta finalmente ser aprobado por el Congreso y salir luego su promulgación, bajo el título de «Ley del Régimen de Incentivos y Fomento del Mecenazgo Cultural en la República Dominicana» (340-19), por parte del poder ejecutivo, el 17 de julio de 2019, durante la última etapa del gobierno de Danilo Medina. Por su parte, el reglamento de dicha ley debió esperar dos años y dos meses, hasta ser emitido el 10 de septiembre de 2021 a través del Decreto No. 558-21 del presidente Luis Abinader.

Como parte de ese extenso y accidentado período, nos parece válido hacer un extenso paréntesis con tres precisiones: una es referida a los países cuyas experiencias y búsquedas en el tema sirvieron de base para la elaboración de nuestra ley y su reglamento, como lo fueron Chile, España, Argentina, México, Ecuador y Colombia, donde se destacaron los intelectuales y especialistas Fernando Vicario, Cristian Antoine Faundez y Felipe Buitrago Restrepo. Este último, economista, político y efímero Ministro de Cultura de Colombia en 2021; además de pionero en el campo de la investigación y promoción de las Industrias Culturales y Creativas en el continente, junto al expresidente Iván Duque Márquez, como lo demuestra el difundido estudio «La Economía Naranja: Una Oportunidad Infinita», publicado en 2013 por el Banco Interamericano de Desarrollo.

La segunda es valorar en su justa dimensión el destacado rol jugado, en el seguimiento y aprobación final de esta ley, por el entonces diputado y presidente de la Comisión de Cultura Franklin Romero Morillo, actual senador por la provincia Duarte, así como por el entonces Director de la Unidad Técnica de Cultura de la Cámara de Diputados, el consultor y crítico de arte Abil Peralta Agüero.

La tercera tiene que ver con la entrega plena, la defensa y lucha llevada a cabo por las organizaciones vinculadas a la cultura popular a nivel nacional, socializando el proyecto de ley, debatiendo y aportando contenidos, presionando su aprobación, haciendo lobby con los partidos políticos y las comisiones de cultura del Senado y de la Cámara de Diputados, y dando visibilidad en los medios de comunicación y las redes sociales, donde siempre hubo apoyo. Vale destacar, dentro de las instituciones de mayor incidencia, a la Federación Dominicana de Arte y Cultura, a la Fundación Teatro Popular Danzante, la Red Cultural, Casa de Arte y la Fundación Cultural Cofradía, que nos honra dirigir.

Debemos asumir que tanto el espíritu como la intención de la Ley de Mecenazgo Cultural responden a una gran necesidad y a una demanda histórica, repetida durante décadas en todo el país. De manera muy directa y concreta, el objeto central de ella es: «Establecer un régimen de fomento e incentivos a las iniciativas y aportes económicos y de otra índole de mecenazgo del sector privado, sea de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que contribuyan al financiamiento, total o parcial, de programas y proyectos para el desarrollo cultural del país» (Art.1).

Sin embargo, esta trascendente ley, que plantea el desarrollo del arte y la cultura en el país, así como la protección de todo su patrimonio, tangible e intangible, y el impulso de las industrias culturales y creativas, acaba de recibir una estocada mortal, a través de una simple carta, que echa por tierra todo lo construido.

Ahora queda decir: después de más de doce años de debates y discusiones; después de aprobarse la ley y el reglamento; después de conformarse el Consejo de Mecenazgo, con la participación de Cultura, la Presidencia, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el Ministerio de Hacienda, incluyendo la DGII y técnicos especialistas en planificación y gestión impositiva y cultural; y después de estructurarse la Dirección General de Mecenazgo.

Después de lanzar la primera convocatoria y poner a miles de artistas, gestores, animadores y directivos de ASFL culturales a trabajar durante meses para someter propuestas; después de aprobar y dar certificados de validación a cien proyectos. Ahora, el gobierno, a través del Ministerio de Cultura, dice que la ley no es aplicable. Que existe un obstáculo insalvable, supuestamente una barrera técnica: una diferencia respecto a las disposiciones interpretativas de la ley entre la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda.

¿Es esto la crónica anunciada del primer sepelio de la Ley de Mecenazgo Cultural?

¿El frío golpe que devela el derrumbe de una esperanza?

¿De cuántas formas más terminará siendo asesinada la cultura en esta media isla?