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El Poder Ejecutivo promulgó recientemente la Ley 34-23 de Atención a las personas con trastornos del espectro autista (TEA) que fue aprobada de urgencia por el Congreso Nacional y remitida a la Presidencia de la República para el trámite correspondiente e inicio de su ejecución. Dicha ley está amparada bajo ciertos principios: autonomía, igualdad, inclusión, cooperación y participación, mediante la protección y garantía de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades.
Para nadie es un secreto que en este país no hay protección para las familias más vulnerables con hijos con alguna discapacidad, ya sea leve, moderada o severa. Tampoco existían hasta hace cierto tiempo, instituciones como el CAID que pudiese brindar apoyo a familias de escasos recursos con hijos con esta situación u otro trastorno. Solo las familias de recursos podían y pueden pagar terapias alternativas, educación y atención a esos niños de manera especial.
Sí, porque efectivamente tener hijos sanos desde su nacimiento ya es un regalo, lo contrario es una pesadilla con la que todo padre/madre cargará durante el resto de sus días, y peor aún, si esa familia no tiene recursos. No somos un país con ayuda económica a cualquier tipo de discapacidad desde el Estado como sucede en otros países, por poco, o mucho que sea la cantidad.
El CAID, Centro de Atención Integral para la Discapacidad, es uno de los grandísimos aportes de la pasada gestión gubernamental de Danilo Medina, precisamente creada por su esposa, la señora Candy. Los aportes positivos deben ser resaltados quien sea que los haya hecho. Con el cambio de gobierno la situación del CAID ha ido a peor. Nada nuevo bajo el sol de esta isla, lamentablemente. La no continuidad de las buenas acciones en las instituciones ya es costumbre. ¡Incomprensible! Destrozar el poco avance que se ha logrado y cambiar a su manera las «reglas internas» de cualquier institución.
Somos un país que gasta miles de millones de pesos en asuntos pueriles, desde campañas políticas, se regala millones a partidos políticos que salen del erario, dispendios absurdos en un Congreso lleno de patanes en su mayoría y no aparece dinero para poder construir un CAID ya no en cada provincia del país, pero sí en cada región, donde las personas residentes en las distintas zonas geográficas puedan tener un lugar donde llevar sus niños y que sus necesidades sean atendidas de manera organizada.
En ese sentido, el gobierno tiene a medio talle la construcción y funcionamiento de un nuevo CAID en Santo Domingo Este, desde hace varios años. Se entiende que este gobierno inició su andadura bajo la pandemia del Covid y luego una inflación que aún trata de paliar. Ambas situaciones globales para todo el mundo. Pasado un tiempo, urge terminar este nuevo CAID para el uso correcto de las familias que aguardan la apertura y funcionamiento. Es debe del gobierno y el ministerio de Obras Públicas avanzar con este asunto vita para muchos.
En el ínterin, Nuria Piera desmanteló a través de su programa una asociación que daba servicios de terapias a niños autistas y su responsable no tenía la titulación oficial para estos fines. Suele ocurrir. Hay muchos vivos que viven de la ignorancia de los demás, familias que no se informan ni averiguan quiénes son los que se ocupan de sus hijos en este tipo de centros «terapéuticos». Los que pagan los platos rotos son esos niños y familias que ahora se han quedado sin nada, primero por creer en una estafadora y segundo porque entrar al único CAID en funcionamiento es una odisea.
El deber de cualquier gobierno en todos los países del mundo es atender debidamente a los ciudadanos que menos ingresos reciben y costear lugares de asistencia para los familiares con alguna discapacidad. En República Dominicana, se gastan millones mensuales en tonterías, se aprueban préstamos que uno ni sabe el fin de éstos, pero los niños y jóvenes languidecen a la espera de las autoridades resuelvan.
