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La prolongada crisis en Haití representa para nosotros, además de un problema de seguridad y riesgo cultural en el largo plazo, un peligroso desafío sanitario que, de no ser manejado con eficiencia, puede derivar en nefastas consecuencias para los dominicanos. En tal sentido, debemos enfocarnos en diseñar una estrategia que convierta en oportunidad la amenaza haitiana.
Enfrentar con decisión, entereza y creatividad las patologías que afectan las relaciones entre nuestros dos Estados Nación debe ser la consecuencia de un gran pacto social que vincule al Gobierno, a los partidos, al empresariado y a la comunidad internacional como principal agente activo en la empresa de evitar una guerra civil en Haití que podría derivar en una balcanización de la frontera.
Lograr esa conjunción de sectores y voluntades para abordar el tema haitiano demandará del gobierno el suficiente pragmatismo y audacia política para evitar cualquier tipo de confrontación con la contraparte haitiana y, por el contrario, apostar todo el tiempo al diálogo asertivo, constructivo e inteligente con el atomizado liderazgo del vecino pueblo.
Se podría argumentar que con la institucionalidad haitiana disuelta es quimérica cualquier iniciativa de un diálogo entre nosotros. Sin embargo, las características tan particulares de nuestra relación y el contexto geopolítico en el que está enmarcada obligan a la República Dominicana a convertirse en un ente articulador de posibles soluciones a esa crisis, a pesar de eventuales provocaciones provenientes de Haití.
Ojo al Cristo que es de plata: tener actitud dialogante no debe confundirse con ingenuidad, ni laxitud a la hora de velar por el interés nacional. Los dominicanos debemos promover el diálogo con Haití con la mirada puesta en resguardar nuestra soberanía e integridad económica, política, social y cultural.
En esa misma línea, en el marco de nuestra política exterior con respecto a Haití debemos pasar del clamor pasivo a la comunidad internacional para que asuma un rol activo en la solución de la crisis, a buscar la integración un bloque regional con Brasil, Chile, Honduras, Costa Rica y México, países receptores de la masiva migración haitiana, y junto a ellos elaborar un ambicioso plan de acción con proyectos muy concretos para sacarlos de la miseria y el atraso dentro de su propio territorio.
República Dominicana debe impulsar en la región y en toda la comunidad internacional un nuevo Plan Marshall para motorizar un ciclo de crecimiento y expansión económica en Haití, ese plan debe financiarse con los aportes de Estados Unidos, Francia, Canadá, el bloque regional de países destinatarios de su migración y su propia diáspora mediante el establecimiento de una tasa a sus remesas.
La migración haitiana sólo podrá detenerse si somos capaces de convertir la frontera en una zona de desarrollo económico con una vibrante actividad comercial e industrial creadora de empleos y constructora de riquezas.
En el frente interno la República Dominicana debe trazar una política profundamente pragmática, despojada de filias y fobias hacia Haití, con la mirada puesta en convertir a la isla en una zona de libre comercio con un mercado con capacidad para 50 millones de consumidores, incluyendo los turistas y nuestras respectivas diásporas.
Claro está, alcanzar ese estadio de un tratado de libre comercio con Haití habrá de estar precedido de una serie de medidas internas que sirvan como candados que blinden la dominicanidad.
Las medidas que pueden, en el largo plazo, normalizar la situación de las relaciones dominico haitianas, son:
a) Establecer el Jus Sanguinis como única forma de adquisición de la nacionalidad dominicana. Es decir, solo los hijos de padre o madre dominicanos tienen derecho a nuestra nacionalidad, sin importar el territorio en donde nazcan.
Esta medida zanjaría el debate abierto de la nacionalidad de los hijos de inmigrantes ilegales nacidos dentro de nuestros límites fronterizos. Y segundo, preservamos la nacionalidad dominicana, ante el hecho cierto de que somos un país de migrantes: el 20% de los nuestros reside en suelo extranjero.
b) Asumir los costos financieros de un programa para dotar de un registro civil a Haití. Con ello garantizamos regular con eficiencia los flujos migratorios desde territorio haitiano y nos ponemos en condiciones de perseguir a bandas criminales si deciden cruzar la frontera para desarrollar sus actividades al margen de la ley.
c) Implementar una política y una policía fronteriza articulada, equipada y entrenada en la dura tarea de vigilar la frontera.
Finalmente, la República Dominicana debe encabezar un movimiento internacional que procure el establecimiento de un fideicomiso de cincuenta años en Haití administrado por la ONU.
Esto como una forma de garantizar que la situación que vive actualmente el pueblo haitiano pueda ir caminando hacia la regularización de su vida institucional que le permita salir del estado de inviabilidad en que vive hoy día nuestro vecino.
Una vez establecidos los límites de la nacionalidad dominicana, ejecutando una eficaz e inteligente política migratoria, aplicado un sólido control fronterizo y una República de Haití con estabilidad social, democrática y económicamente, tendremos el camino allanado para alcanzar una acuerdo de libre comercio entre nuestras dos naciones que, además de crear un mercado común de más de 25 mil millones de dólares, cerraría las puertas al contrabando y abriría una etapa de prosperidad y desarrollo para nuestros pueblos.
