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La exclusión del diputado Eugenio Cedeño de la comisión especial encargada de estudiar el proyecto de Código Penal, recientemente aprobada en primera lectura por la Cámara Baja, no es solo un acto administrativo, sino una declaración de principios en la política dominicana. Esta decisión se produce en medio de un revuelo causado por las polémicas declaraciones del legislador, quien afirmó que una relación sexual no consentida entre una pareja no debería tipificarse como violación sexual.
El debate sobre el Código Penal ha sido arduo y dilatado, y la postura de Cedeño ha añadido una carga emocional y ética significativa. Con insistencia y sin guardarse ninguna expresión, el diputado trivializa la gravedad de la violencia sexual en el contexto conyugal. Pero esta vez no han pasado desapercibidos, y por el contrario, sus expresiones y defensas ha sido recibidos con fuertes críticas tanto dentro como fuera del Congreso.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) reaccionó firme y oportunamente. En voz de su presidente José Ignacio Paliza, y su secretaria general Carolina Mejía, no solo se distanció de las expresiones del diputado de su bancada, sino que le abrió un proceso disciplinario y el fiscal nacional, Tony Rodríguez, no ha tardado en citarle.
La Cámara de Diputados, en una decisión a todas luces motivada por el escándalo provocado por Cedeño, le dejó fuera de la Comisión de Estudio, a pesar de la protesta del diputado, quien ha defendido su experiencia y conocimiento en la revisión del Código Penal, y argumentando que su exclusión es una censura injusta en su contra.
Esta decisión de la Cámara Baja refleja una clara postura de que ciertos valores y principios no son negociables.
El rechazo de los diputados a incluir a Cedeño en la comisión, a pesar de su solicitud y defensa de su experiencia, subraya la importancia de mantener un compromiso inquebrantable con los derechos humanos y la dignidad de las personas. Ahora se espera que la comisión, presidida por Alexis Jiménez y compuesta por diputados como Fiordaliza Peguero, Rosa Genao, Isabel de la Cruz, entre otros, asuman la responsabilidad de asegurar que el Código Penal refleje estos valores fundamentales.
La postura del PRM y la Cámara Baja es ejemplar y necesaria en un contexto donde la violencia de género sigue siendo un problema grave.
A pesar de la arrogancia con que se reafirmó, ante el peso de las medidas que empiezan a caerle encima, el diputado ha pedido unas tímidas disculpas por sus comentarios. Pero sus excusas llegan tarde y no pueden deshacer el impacto negativo de sus palabras. La afirmación de que su esposa debe tener relaciones sexuales con él y embarazarse aunque no quiera es una violación flagrante de los derechos humanos básicos y un reflejo de una mentalidad que no debía tener lugar en nuestra sociedad.
