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Uno de los grandes retos del gobierno de Luis Abinader es enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana, para lo cual se está trabajando en la Reforma a la Policía Nacional. Si bien la seguridad, por principios constitucionales, es un derecho ciudadano, también es un indicador usado para medir la violencia y la inseguridad de cualquier país.
La juventud, que constituye un quinto de la población mundial, debe ser escuchada. Según un estudio realizado por ANJE, se revela que el 43.1 por ciento de nuestros jóvenes tienen mucha preocupación por la seguridad ciudadana. Bajo esta premisa, es importante precisar que la mayoría de los resultados de investigaciones publicadas sobre el tema muestran el interés político del Gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía, por enfrentar esta problemática, coincidiendo en dos aspectos fundamentales para las políticas y estrategias desarrolladas dentro del importante proceso de transformación y profesionalización de la Policía Nacional: la formación educativa y la mejora de las condiciones laborales y salariales, aspectos primordiales que ayudarán a la uniformada a eliminar el engranaje de corrupción que la ha caracterizado por décadas.
Es importante destacar que, para cambiar este panorama, el Gobierno desarrolla programas que incluyen la formación de líderes mediadores de conflictos en todo el territorio nacional con el proyecto “De vuelta al barrio”, que es un plan de proximidad policial que lleva mensajes a esas jurisdicciones donde se encuentra el mayor índice de actos delictivos.
La percepción de la inseguridad ciudadana por parte de la población no parte de la nada, sino de realidades concretas vividas por los centenares de hombres y mujeres que salen a las calles cada día a buscar el sustento de sus familias y son víctimas de los transgresores, que en muchos de los casos terminan cegándoles la vida y dejando en la orfandad a niños y adolescentes.
Este panorama podría llevarte a pensar que está fallando todo el entramado institucional de la seguridad ciudadana y las sanciones a quienes violenten el derecho a transitar por las calles, que no ha sido efectiva la política como espera el gobierno y no han disminuido los niveles de inseguridad. De ser así, entonces, las autoridades deben hacer un profundo análisis de cuáles asuntos impiden que sus acciones contra la delincuencia sean verdaderamente efectivas para enfrentar este flagelo que tanto afecta a la sociedad dominicana.
Sin embargo, tomando en consideración los datos que nos dan las autoridades sobre la tasa de homicidios, que ha logrado reducirse de 13.16 en el 2022 a 11.48 en el 2023 y a 9.87 por cada 100 mil habitantes hasta el mes de julio de este año 2024; los heridos en un 16 por ciento, los robos en un 11.4 por ciento acumulado, 19,000 armas de fuego ocupadas, 16 provincias y dos municipios registran índices delictivos de un dígito, nos da esperanza.
También, como resultado de esta lucha, están las 157 muertes violentas registradas en el 2024; 50 corresponden a delincuentes abatidos a manos de la Policía Nacional, 72 homicidios ocurrieron mayormente en atracos, disputas personales y enfrentamientos entre bandas; 22 feminicidios, 6 suicidios y 7 casos de muertes de hombres a manos de su pareja. Actos que llevan a cabo malhechores en calles y barrios y ponen a la población en estado de incertidumbre.
En cuanto a la reforma policial que ejecuta el Gobierno, los avances incluyen el proceso de dignificación de la labor policial a través de la mejora salarial y el otorgamiento de beneficios y facilidades para cada uno de los miembros de la uniformada.
Esta perspectiva muestra que el Gobierno se identifica con la ciudadanía y sus problemas, porque no se trata simplemente de administrar el Estado, sino de entender que existen complicaciones dentro de una relación Estado-sociedad, punto en que las autoridades competentes deben buscar el equilibrio para solucionar un mal que por años viene agobiando a los dominicanos. Pese a que existe desde 1992 una disposición que crea la Comisión para la Reforma Policial, han pasado distintos gobiernos que no dieron importancia al tema. Mientras, las actuales autoridades tienen la voluntad política de atacar de raíz esta maleza que afecta el desarrollo y el clima de paz de la República Dominicana.
