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El Presidente Luis Abinader ha hecho los mayores esfuerzos por evitar que en su gobierno se produzcan casos de corrupción, que empañen su imagen como gobernante y afecten la honestidad de su administración.
Sus esfuerzos son loables, pero eso no ha impedido que varios de sus funcionarios hayan sido ligados a casos de presunta corrupción y que, incluso, ya algunos de ellos estén procesados en la justicia, como es el caso del antiguo director de la Lotería Nacional, Luis Maisichell. Otros casos, como el del ministerio de Educación en tiempos del profesor Roberto Fulcar, está siendo investigado por la Contraloría y el Ministerio Público, debido a lo inexplicable de muchas situaciones cuyos pagos o negociaciones presentan muchas dudas.
Sin embargo, la pasada semana se destapó un grave escándalo que vincula a un ministro del Gobierno, el cual debe ser aclarado de forma rápida y con total transparencia. Se trata de la venta en 298 millones de pesos, de los terrenos del antiguo Canódromo del Coco, a una empresa que según los papeles presentados por el propio Banco Central que dirigió la negociación, está vinculada al ministro de Vivienda, Carlos Bonilla.
De acuerdo a las informaciones que circulan en los medios, el Banco Central realizó dicha venta en el mes de octubre de 2021 a la empresa de desarrollo inmobiliario, Habitat y Edificaciones, creada en el año 2000, y en la que sigue como socio el actual ministro de Vivienda, Carlos Bonilla Sánchez. Para esa fecha, ya el señor Bonilla era funcionario del Gobierno.
Esta denuncia es muy grave por dos razones. La primera, por el hecho de que a una empresa donde un ministro activo del gobierno es socio, se le vendiera una propiedad estatal. La segunda es que, de acuerdo a la tasación actualizada de dichos terrenos, el precio de venta debió ser no de 298 millones, sino más de 1,500 millones de pesos. Eso significa que podría haber una estafa al Estado dominicano de más de RD$1,200 millones.
Esta situación es un escándalo de grandes magnitudes, que debe ser aclarado por el ministro citado y por el Presidente Abinader. No puede quedarse en solo una simple denuncia que sea sepultada por un nuevo escándalo. El gobierno del PRM y el Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán, han mostrado mucha rapidez y eficacia para investigar y procesar a una serie de ex funcionarios del pasado gobierno, que han sido acusados de presuntos actos de corrupción. Algunos de esos ex funcionarios han pasado dos años presos. sin todavía habérseles realizado juicios de fondo. Ojalá esa misma prestancia y agilidad sean usadas para despegar todas las dudas que deja este caso de la venta de los terrenos del canódromo.
El Presidente Luis Abinader y el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, no pueden ni deben guardar un silencio cómplice ante una situación que pone en tela de juicio la verdadera cara de la lucha anticorrupción. Confiamos que así será. Por el bien de la democracia y la justicia.
